El presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, dijo el viernes que espera conseguir este año profundos cambios en la integración de la Corte Suprema de Justicia, salpicada por escándalos de corrupción y cuestionadas actitudes.
"Estamos decididos a renovar la corte suprema inmediatamente. Vamos a tener problemas, pero veremos quiénes son las personas que van a acompañar un proceso de recuperación de la institucionalidad de la república", dijo el mandatario, quien asumió el 15 de agosto, agregando que los cambios serán "antes de fin de año". "Ninguna transformación se hace en un clima de tranquilidad total. Siempre va a haber problemas. Toda crisis representa un riesgo como así también una gran posibilidad para un cambio positivo", añadió. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay está integrada por nueve miembros, quienes son propuestos por partidos políticos y nombrados por el Senado, donde el gobernante Partido Colorado carece de mayoría suficiente para imponer candidatos. Una decena de escándalos de corrupción, encubrimiento de casos de tortura y otros problemas minaron el prestigio de los actuales integrantes del tribunal supremo. Apenas llegado a la presidencia, Duarte Frutos se puso en campaña para cambiar a los jueces de la corte, siguiendo el ejemplo de su par argentino, Néstor Kirchner. Los diputados del gobernante Partido Colorado, sin embargo, podrían no seguir la iniciativa, pese a que el mandatario les exigió medidas concretas para el cambio. "Toda decisión respecto a los jueces de la Corte Suprema debe ser posterior a un diálogo general y un consenso de las fuerzas políticas y sociales. No debemos apresurarnos", dijo el diputado Cándido Aguilera, jefe de la bancada colorada de la cámara baja. Una vez designados, los jueces de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser sacados por retiro a los 75 años de edad, o por juicio político, cuyo trámite se inicia en la cámara baja del Congreso. En los procesos de enjuiciamiento político, la Cámara de Diputados de 80 miembros, entre los cuales 36 son colorados, hace de fiscal ante el Senado, de 45 integrantes y que cumple el papel de juez. Todo juicio político se inicia únicamente con la aprobación de 53 diputados. Para la remoción del funcionario enjuiciado deben votar 30 senadores.