Los militares colombianos podrán interceptar comunicaciones y hacer arrestos sin orden judicial, en medidas consideradas clave por el gobierno en su lucha contra el terrorismo pero cuestionadas por grupos de derechos humanos, tras la aprobación en el Congreso de una reforma constitucional.
La aprobación de la iniciativa constituyó un triunfo para el gobierno del presidente Alvaro Uribe, quien ha hecho de la derrota del "terrorismo" uno de sus principales objetivos.

Los militares tendrán las facultades excepcionales, solicitadas por Uribe, pese a la oposición de legisladores de izquierda y grupos de derechos humanos que recordaron que el ejército tiene un historial de violaciones a los derechos humanos.

"La sociedad, los buenos tienen que estar tranquilos y los malos sí empezar a preocuparse un poco más", dijo el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt.

Uribe, quien impulsa una ofensiva militar para derrotar a la guerrilla izquierdista y a los escuadrones paramilitares de ultraderecha, solicitó las facultades a través de un proyecto de ley que fue analizado y aprobado en ocho debates.

Para que entre en rigor la reforma constitucional, el Congreso deberá aprobar una reglamentación, hacia mediados del 2004, tras lo cual seguirá el aval de la Corte Constitucional, por lo que los senadores esperan que entre en vigencia en agosto o septiembre próximo.

La estrategia incluye un aumento del presupuesto militar, del número de efectivos, el pago de recompensas y la creación de redes de civiles que aportan información a las autoridades.

La ofensiva del gobierno obligó a replegarse a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras avanza en una negociación de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las FARC, el ELN y la AUC son considerados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, del que se financian los grupos ilegales armados.

El llamado estatuto antiterrorista aprobado por el Congreso también contempla el empadronamiento de personas que residen en zonas de guerra, quienes deberán suministrar a las autoridades información sobre su sitio de residencia y cambios de domicilio.

Grupos de derechos humanos advirtieron que las facultades excepcionales podrían abrir la puerta a abusos por parte de los militares.

"Esta decisión podría ser desastrosa para los derechos humanos en Colombia", explicó Eric Olson, de Amnistía Internacional USA.

Pero el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, defendió la aprobación de la reforma.

"Si usted analiza cada una de las modificaciones que se hacen, todas tienen las autorizaciones que se le dan a las autoridades, todas tienen cortapisas, todas tienen controles", precisó. "Esta es una herramienta más en la caja de herramientas que necesita el país para continuar en este proceso de mejoramiento en la seguridad de todos los colombianos de bien", añadió.

Pese a los controles del gobierno en los últimos años, que incluyeron destituciones y sanciones, las Fuerzas Militares de Colombia tienen un oscuro historial de derechos humanos, de acuerdo con grupos como Amnistía Internacional.