Ocho campesinos detenidos en la conflictiva región del Chapare fueron acusados el jueves de alzamiento armado y presunto terrorismo por fiscales bolivianos que investigan la muerte de efectivos que erradican plantaciones ilegales de coca.
Los acusados, capturados en una amplia operación desplegada desde la madrugada por tropas policiales y militares en esa región del centro de Bolivia, fueron trasladados a La Paz para ser procesados judicialmente.

El fiscal René Arzabe, uno de los 15 que intervinieron en decenas de allanamientos practicados en poblados habitados por cocaleros, dijo en una conferencia de prensa que los detenidos, seis de ellos dirigentes sindicales, tendrían vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Un presunto miembro de esa organización guerrillera de Colombia, identificado como Francisco "Pacho" Cortez, fue detenido en Bolivia en abril y enfrenta acusaciones de actividades subversivas con la supuesta complicidad de dos cocaleros del Chapare, presos junto a él.

Tres policías y un soldado, todos miembros de una Fuerza de Tareas Conjuntas que erradica cultivos ilegales de la coca en el Chapare, murieron en las siete últimas semanas en atentados con explosivos y una emboscada tendida por francotiradores ocultos entre la densa vegetación de la región.

El gobierno del presidente Carlos Mesa, instaurado en Bolivia a mediados de octubre tras cuatro semanas de cruentas protestas sociales, denunció la muerte de los efectivos erradicadores como producto de acciones de grupos organizados con propósitos terroristas.

Mesa, ex vicepresidente y político independiente, sustituyó en la presidencia al empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció al cargo bajo presión de unas protestas en las que murieron unas 80 personas.

"Tenemos prueba documental, prueba testifical, prueba objetiva (...) contra los ahora detenidos", dijo a la prensa la fiscal Silvia Blacutt, quien dirige la causa contra el colombiano Cortez, a quien organizaciones sociales en su país defienden como un ex activista de derechos humanos convertido en "testigo protegido" tras amenazas guerrilleras contra su vida.

El diputado indígena y jefe de las 35.000 familias que cultivan coca en el Chapare, Evo Morales, denunció la detención de los ocho cocaleros como parte de una presunta estrategia de Estados Unidos para imponer "una dictadura" en Bolivia.

"Esto es obra de la embajada (estadounidense). Ha comenzado una cacería de nuestros compañeros en el Chapare", declaró Morales, quien es el más alto líder de la oposición política en Bolivia.

La captura de cocaleros y las acusaciones de subversión coincidieron con una visita a Bolivia del subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Rogelio Pardo-Maurer.

El funcionario llegó a La Paz para reunirse con el alto mando militar boliviano y "conocer personalmente" el grado de compromiso de las fuerzas armadas con la democracia en el país andino, casi dos meses después del cambio de gobierno, según dijo a periodistas.

Consultado sobre la presunta amenaza de una "narcoguerrilla" desde el Chapare boliviano, dijo haber conocido informes sobre "la evidencia de que hay personas que están utilizando la violencia" en esa región.