(Montevideo, Uruguay) El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, expresó molestia por la insistencia argentina en la investigación sobre la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman en 1976, y reclamó a ese país que indague el paradero de decenas de uruguayos que corrieron esa suerte en Argentina.
"Me parece muy grave que estemos preocupados solamente por un caso y nos olvidemos de los 80 uruguayos desaparecidos ahí (en Argentina)", dijo Batlle aludiendo a hechos ocurridos cuando ambos países eran gobernados por dictaduras militares.

El mandatario reaccionó así al ser preguntado en una conferencia de prensa sobre una demanda presentada el miércoles por el gobierno de Argentina ante la justicia para indagar la desaparición de María Claudia García, que incluyó un exhorto diplomático a Batlle para que declare como testigo.

Batlle dijo que mientras Uruguay muestra disposición para colaborar, el gobierno del presidente Néstor Kirchner no aporta ninguna información sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina.

"A partir del ingreso de esta nueva administración en Argentina no tenemos ninguna información más (sobre los uruguayos desaparecidos en el vecino país)", dijo Batlle, agregando que va va a ser necesario manifestar por nota ese hecho al gobierno de Buenos Aires.

En la demanda argentina también se solicita el testimonio del senador uruguayo Rafael Michelini, quien declaró que Batlle le dijo que conocía el nombre del asesino de la nuera del poeta argentino, y de oficiales que ocupaban altos cargos en las fuerzas armadas de la época.

María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires junto al hijo del escritor y luego trasladada a Montevideo, donde dio a luz a una niña entregada en adopción y cuyo paradero fue descubierto en el 2000.

El cuerpo del hijo de Gelman fue encontrado días después de su desaparición en la capital de Argentina, cuya dictadura militar (1976-1983) dejó un saldo de entre 9.000 y 30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos.

Uruguay también fue gobernado por una dictadura militar entre 1973 y 1985.

Para el gobierno uruguayo, el caso de la nuera del poeta está incluido en una amnistía aprobada tras el fin del régimen de facto, que anuló los juicios a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos, por lo que no investigará a los responsables de la desaparición y asesinato de García.

La ley ha obstaculizado también las investigaciones para descubrir los lugares donde están enterradas las víctimas del régimen.

Según una comisión investigadora, algunos cuerpos fueron desenterrados, cremados y arrojados al Río de la Plata meses antes de que fuera reestablecida la democracia.

Batlle, quien tras asumir en el 2000 creó una comisión para investigar por primera vez la suerte de los desaparecidos, dijo que si surgen nuevos datos sobre el caso Gelman el gobierno continuará la pesquisa.

Por su parte, el ministro de Defensa de Uruguay, Yamandú Fau, dijo el jueves que si la muerte de García se produjo en Uruguay durante el régimen de facto, el crimen está cubierto por la amnistía.

"Si esos hechos hubieran ocurrido en Uruguay, esos hechos están comprendidos en la Ley de Caducidad (...). No parece lógico que en donde el delito se produjo y el delito desapareció porque fue amnistiado, que de eso (el supuesto asesinato) se deba responder en un país extranjero", dijo el ministro a un canal de televisión local.

Unos 170 uruguayos desaparecieron durante la década de 1970, en su mayor parte en Argentina, en el marco de una operación conjunta de los servicios de inteligencia de los regímenes que gobernaban los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a sus opositores, que luego se conoció como "Plan Cóndor".