(Bogotá, Colombia) Una facción paramilitar de 980 combatientes, que opera en 32 localidades del noroeste de Colombia, anunció su intención de entregar las armas si prospera una negociación de paz con el gobierno que plantea la posibilidad de diversas alternativas para que purguen sus condenas paramilitares declarados culpables de delitos.
"Estamos prestos para iniciar el proceso. El momento (de la desmovilización) puede estar cerca o lejos, todo depende del gobierno y de la sociedad civil, pero lo estamos madurando", dijo un jefe paramilitar que se identificó como comandante Marlon, en un encuentro con periodistas el miércoles en la tarde.

De concretarse el anuncio del "Bloque Héroes de Granada" de las Autodefensas Unidas de Colombia, sería la desmovilización más grande de un escuadrón paramilitar en la historia reciente del país, como resultado de la negociación del gobierno del presidente Alvaro Uribe con esos grupos armados.

El encuentro con el comandante del bloque se produjo cerca al pueblo de La Ceja, en el departamento de Antioquia, una de las regiones con más presencia de escuadrones paramilitares, que combaten contra la guerrilla de extrema izquierda.

Ambos grupos financian su campaña terrorista con rescates pagados por secuestros, narcotráfico y otras actividades delictivas, según las autoridades colombianas y organismos de derechos humanos.

A finales de noviembre pasado, unos 870 paramilitares de la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia, depusieron las armas, el primer logro concreto de la negociación de paz entre el gobierno y esos ilegales grupos armados.

Otro escuadrón paramilitar del sudoeste de Colombia, con 150 combatientes, depuso las armas en diciembre.

El gobierno inició a mediados de 2003 una negociación de paz con los mayores grupos paramilitares, con la que busca la desmovilización de hasta 20.000 combatientes de esos grupos antes del 31 de diciembre de 2005.

Sin embargo, la negociación afronta dificultades por acusaciones de que algunos líderes de esos escuadrones son narcotraficantes y por críticas a un proyecto de ley con el que el gobierno pretendía conceder amnistías e indultos a combatientes de los paramilitares o de la guerrilla, acusados de delitos atroces.

El gobierno modificó el proyecto de ley y planteó la posibilidad de que los combatientes de los grupos ilegales que depongan las armas y sean condenados por delitos atroces purguen las condenas en sus casas, en una zona geográfica limitada e inclusive en el exterior, revelaron el jueves parlamentarios.

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares será verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que propuso concentrar a los combatientes de esos grupos para evitar que violen el cese al fuego que declararon unilateralmente en diciembre del 2002.

La mayor banda armada del país, las FARC, de extrema izquierda, y el mayor grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia, son considerados organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.