(Quito, Ecuador) Una persona murió y tres resultaron heridas durante un incidente en una cárcel de Ecuador el jueves, mientras el gobierno y el parlamento luchan para poner fin a una violenta revuelta liderada por los reos en todo el país en demanda de la disminución de condenas y mejoras en los presidios.
La mayoría de los 33 centros penitenciarios del país se encuentra en poder de los reclusos, quienes han protagonizado crecientes desmanes y han tomado a cientos de rehenes, incluidos mujeres y niños familiares de los propios reos.

Los presidiarios exigen desde hace meses la reducción de las penas y reformas en las cárceles, consideradas por organismos de derechos humanos como "puertas al infierno" por el hacinamiento y las deplorables condiciones de salubridad que imperan en ellas.

En medio de la crisis que estremece al país, la Cruz Roja confirmó el fallecimiento de un reo y tres heridos en una presunta pugna entre bandas con armas blancas en el penal García Moreno, la cárcel más grande de Quito, ubicada a metros de la Presidencia de la República.

La muerte del recluso se produjo mientras el gobierno y el parlamento intentan instrumentar un acuerdo preliminar que establecieron con los reos en la madrugada del jueves y que prevé medidas para aliviar su situación y reformar el sistema penitenciario.

El acuerdo prevé que el parlamento rechace el traslado de la administración de las cárceles del poder ejecutivo al judicial y analice la reinstalación de mecanismos para la reducción de condenas, que fueron suprimidos en años anteriores por presión de la población.

Por su parte, el gobierno agilizará la extradición de los reos extranjeros para aminorar la presión en las cárceles y renunciar a cualquier sanción contra los dirigentes de la protesta, mientras que el presidente Lucio Gutiérrez perdonaría un año de condena a los reos por el hacinamiento.

La instrumentación de este año de gracia es el punto que ha frenado el fin de la protesta, dijo a periodistas el líder de la protesta, Washington Grueso, pero no quedó claro su poder de convocatoria entre los 11.000 reos existentes en el país.

El director de la Dirección de Rehabilitación Social, Fernando Cassis, afirmó que no había plazos para la aplicación del acuerdo, pero aseguró que en algunas cárceles de Quito se registró la salida de rehenes y que las autoridades retomarán paulatinamente el control de estas instalaciones.

El sistema carcelario fue declarado en estado de emergencia en enero para que se destinaran fondos con los cuales renovar las cárceles. Sin embargo, el gobierno actuó con lentitud en la entrega de dichos recursos por restricciones fiscales, lo que caldeó los ánimos de los reclusos.

La crisis carcelaria se ha visto agravada igualmente por la lentitud del sistema de administración de justicia, que es catalogado por la población como obsoleto, corrupto e ineficaz para contrarrestar el embate de una delincuencia muy osada.