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Parlamento venezolano aprobó polémica reforma de su más alto tribunal
sábado 01 de mayo de 2004 | 00:24

(Caracas, Venezuela) El ala oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el viernes una polémica y largamente discutida reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que según los opositores le dará al presidente Hugo Chávez el control de la máxima corte.

Con una precaria mayoría, los diputados del "chavismo" aprobaron la ley, que aumenta de 20 a 32 el número de magistrados.

Esta crea además un comité para presentar a los candidatos a esos cargos y estipula que los votos necesarios en el Parlamento para designarlos se determinen por mayoría simple, en lugar de mayoría calificada.

La decisión se tomó tras una maratónica sesión que culminó en la madrugada del viernes tras insultos y amenazas de golpes entre diputados oficialistas y opositores de la Asamblea Nacional.

Los adversarios de Chávez sostienen que el incremento de magistrados le permitiría a Chávez tener control sobre el TSJ, donde se han producido sentencias cruciales sobre un referendo revocatorio contra el presidente promovido para sacarlo del poder.

En las últimas semanas, los diputados oficialistas impulsaron largos debates sobre el instrumento legal, que tenía originalmente más de 100 artículos pero fue comprimido a 23 en lo que la oposición calificó como una maniobra del "chavismo" para acelerar su aprobación.

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue introducida en la Asamblea en enero de 2003, tiene que contar con la firma del presidente para su promulgación.

La fracción "chavista" celebró su triunfo legislativo al considerar la ley como un instrumento para mejorar el sistema judicial venezolano.

"Ahora la justicia cambiará para bien de la sociedad venezolana porque se terminará la impunidad", comentó durante el debate el diputado oficialista Luis Velásquez.

No obstante, dirigentes de la oposición rechazaron la aprobación de la ley por considerarla inconstitucional y anunciaron que pedirán su nulidad ante el mismo TSJ y solicitarán un referendo popular -llamado abrogatorio- para anularla.