El gobierno argentino dispuso el jueves iniciar instrucciones sumarias a tres militares de la última dictadura del país (1976-1983) que justificaron recientemente en un documental las torturas que se aplicaron a los opositores de entonces.
Mediante un decreto, se remitió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas los antecedentes reunidos para que se expida sobre la conducta del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el general retirado Ramón Díaz Bessone y el ex ministro de Interior de facto Albano Harguindeguy. En un documental emitido a principios de septiembre por el Canal Plus de Francia, los tres militares retirados hicieron una airada defensa del gobierno militar y justificaron la desaparición de personas y torturas, al considerar que se trató de una guerra contra la subversión. Dichas declaraciones tuvieron lugar en momentos en que el gobierno busca la condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante uno de los períodos más trágicos de la historia de Argentina. La justicia argentina también investiga la conducta de los tres militares para saber si cometieron el delito de apología del crimen a raíz de sus declaraciones. Las sanciones militares varían desde llamados de atención disciplinaria a la apertura de causas penales, incluso la retirada de graduaciones alcanzadas. La junta militar ordenó el secuestro, tortura y muerte de unos 30.000 opositores al último período de facto, según los organismos de derechos humanos. Para algunos militares, esa cifra no supera los 9.000. Apenas asumió el cargo en mayo, el presidente Néstor Kirchner emprendió una cruzada para juzgar a los ex represores, que incluyó la anulación por parte del Congreso de las leyes de perdón a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. A partir de esa anulación, la justicia argentina reabrió dos procesos por violaciones a los derechos humanos en un centro ilegal de detención y por las actividades de un cuerpo del ejército que gestionaba varios centros clandestinos. En esas dos causas ya hay unos 80 militares procesados, y la cifra podría elevarse hasta 600. Según el ministro de Defensa, José Pampuro, la reapertura de todas las causas que fueron desactivadas por la aprobación de las leyes de amnistía podría llevar a los tribunales a unos 2.000 militares, una cifra considerada muy elevada por expertos en el tema.