El presidente Néstor Kirchner firmó el jueves el decreto 790 mediante el cual eleva al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el sumario instruido contra los generales retirados Ramón Genaro Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Eduardo Harguindeguym, informó un diario de Buenos Aires.
A los militares se los acusa de "presunta comisión del delito previsto en el artículo 758 del Código de Justicia Militar", es decir, delitos contra el honor. En caso de que el Consejo Supremo considere culpables a los ex jefes del proceso, puede caberles reclusión o prisión de 5 años, más accesorios de degradación o destitución de la fuerza. En un documental emitido por la televisión francesa, Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy hicieron declaraciones -conseguidas por una cámara oculta- que justificaban la tortura y la desaparición de personas, como un método inevitable para combatir a la guerrilla. Entrevistados por una periodista francesa para ese documental, los militares argentinos explicaron además que recibieron una suerte de instrucción acerca de la metodología a aplicar por parte de ex oficiales franceses que habían participado de la guerra de Argelia. Las manifestaciones de Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy causaron la reacción del Gobierno y varias críticas de parte de los organismos de derechos humanos. En tal sentido, Kirchner instruyó al ministro de Defensa José Pampuro para que se llevaran adelante todas las acciones que hicieran falta contra los generales retirados. El general Pozzi realizó el sumario con rapidez y según trascendió en el mismo se recomiendan sanciones. Desde la Casa Rosada se promovería la baja o la destitución para Díaz Bessone y Bignone, y una sanción menor para Harguindeguy. Tanto la baja, como la destitución implican la pérdida del grado militar y del derecho a percibir el haber jubilatorio. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por nueve oficiales superiores, es el organismo encargado de juzgar a los oficiales superiores de las instituciones militares.