La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Argentino por la muerte del adolescente Walter Bulacio, ocurrida en abril de 1991, y le ordenó tomar medidas, entre ellas reactivar causa, paralizada por una resolución de la Corte Suprema que declaró prescripto el hecho.
La sentencia de la CIDH, adonde acudió la familia de Bulacio con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), se refiere a un hecho que involucra a miembros de la Policía Federal, y se hizo pública un día después de haber sido destituido el último jefe de esa repartición, Roberto Giacomino.

María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio desde el inicio de la causa, informó que la resolución de la CIDH -de cumplimiento obligatorio para el Gobierno y el Poder Judicial en un plazo de seis meses- es la primera que reconoce "un caso de violencia policial como una violación a los derechos humanos".

Verdú explicó que ahora se tendría que reactivar el expediente para determinar las responsabilidades penales de los responsables de la muerte de Bulacio, con la familia de la víctima como querellante. Pero al mismo tiempo, el Gobierno se ve impuesto de cambiar prácticas de procedimiento como las llamadas razzia y también las condiciones de detención (que se imponga a la Policía dar aviso a un juez y en el caso de menores, además, a los padres).

La CIDH -agregó Verdu- le replicó a la Corte Suprema de Justicia argentina que es "inoponible" la prescripción de la causa, contra lo que había fallado el máximo tribunal y había clausurado la vía -ahora factible- de encontrar un condenado.

La sentencia de la comisión -fechada el 18 de septiembre- aceptó el reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado argentino -de hecho comienza el texto con la aclaración de que los hechos ya no merecen discutirse - y lo condenó por las violaciones a los derechos humanos, "básicamente por la detención ilegal, las condiciones de detención, la muerte y la falta de justicia", explicó la abogada Pochat a una agencia noticiosa de Argentina.

Walter Bulacio fue detenido el 19 de abril de 1991 frente al estadio Obras antes de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El joven fue llevado junto a otros a la comisaría 35 y a poco de ser alojado allí sufrió una descompensación que derivó en la internación en un hospital, donde murió el 26 de ese mes.

Según pericias, el fallecimiento del joven sobrevino por los golpes y torturas que, se cree, le aplicaron en la seccional por entonces a cargo del comisario Miguel Angel Espósito. Tras 12 años de vericuetos judiciales, la Cámara del Crimen dispuso el 25 de noviembre del año pasado la prescripción de la causa y el sobreseimiento del único imputado, el ex comisario Espósito.