La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró el viernes la inconstitucionalidad de la ley que fijó un tope de 4.500 pesos a las jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, se informó oficialmente.
La resolución la adoptó el máximo tribunal, conformado por abogados de la matrícula designados "ad hoc", al resolver una presentación que había realizado el ex procurador del Suprema Corte de Justicia Francisco Eduardo Pena.

En el fallo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Presupuesto del año pasado que estableció un tope de 4.500 pesos para los salarios de la administración pública y las jubilaciones.

Además, ordenó al Instituto de Previsión Social bonaerense que abone el beneficio jubilatorio de Pena sin las reducciones establecidas por la ley y que se le devuela el recorte desde abril del año pasado.

La Corte entendió que con el tope jubilatorio "resulta afectada la garantía de la movilidad de las prestaciones, prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por cuanto el monto del haber debe guardar razonable proporcionalidad con la suma que se percibiría en el ejercicio de la función".

"La intangibilidad debe interpretarse en consonancia con el principio de la proporcionalidad que debe existir entre el haber de la pasividad y el de la actividad y dicho equilibrio se alcanza sólo cuando el jubilado conserva una situación patrimomial proporcionada a la que le correspondería de haber seguido en actividad", se precisó en el fallo.

Fuentes judiciales explicaron que si bien la medida sólo se aplica a este caso, habilitaría a que se tomen resolucione similares con el resto de los jubilados del Poder Judicial alcanzados por el tope jubilatorio.

El techo de 4.500 pesos en los salarios de los funcionarios y jubilados de la provincia de Buenos Aires fue incluido el año pasado por el gobernador Felipe Solá en el Presupuesto de la provincia, aunque no alcanzó a los jueces debido a la intangibilidad de los salarios establecida en la Constitución.

Según las estimaciones oficiales, con el tope, el Instituto de Previsión ahorra por año alrededor de 17 millones de pesos y la medida afecta a unos 800 jubilados y pensionados, de los cuales alrededeor de 500 corresponden al Poder Judicial.