La apertura de un sumario penal para que se investigue si el interventor del PAMI, Juan González Gaviola, fue obligado mediante amenazas a firmar el pago de horas extraordinarias y la efectivización de personal, fue solicitada el viernes al juez federal Norberto Oyarbide.
Según fuentes judiciales, el fiscal Luis Comparatore le pidió al magistrado que investigue si Juan González Gaviola fue víctima de privación ilegal de la libertad y coacción, y que se determine si quienes lo habrían sometido a tales ilícitos provocaron daños en el edificio de Perú 169 de la Capital Federal.

El dictamen se produjo en la denuncia radicada ayer por el funcionario, quien sostuvo que varios sindicalistas y trabajadores nucleados en gremios relacionados con el PAMI, entre los que identificó a una media docena, lo mantuvieron encerrado y lo amenazaron para que suscribiera un acta haciendo concesiones.

De acuerdo a la acción penal, el miércoles último el interventor fue amenazado, insultado y encerrado en una oficina durante casi cuatro horas -de 14 a 17.45- por unos 40 empleados liderados por sindicalistas.

Los nombres brindados por González Gaviola son los de Rubén Grimaldi, Juan Carlos Rosito, Jorge Luis Alvaro, José Alcides González, Gloria Iaria, Omar Alberto Canosa y Margarita Tudesca.

González Gaviola mencionó también a "Alvarito" como uno de los sujetos que tenía el manejo de la situación y que además rompió una puerta al tratar de impedir el acceso de funcionarios del PAMI.

Comparatore requirió a Oyarbide que los individuos mencionados por González Gaviola sean citados para realizar sus descargos en calidad de imputados.