El ex interventor del PAMI en el menemismo Víctor Alderete fue procesado sin prisión preventiva y embargado por 3.500.000 pesos por la firma de un contrato irregular con una gerenciadora de servicios de salud mental en esa obra social.
El ex interventor del PAMI en el gobierno de Carlos Menem, Víctor Alderete, fue procesado sin prisión preventiva por renovar el contrato a una clínica psiquiátrica de Chaco ignorando auditorías previas que recomendaron evacuar a los pacientes por el "serio riesgo" que corría su salud en ese lugar.

La decisión fue tomada por el juez federal Norberto Oyarbide, que fijó embargos por 3.512.802 pesos e incluyó a quien entonces era gerente de Atención de la Salud de la obra social, Aldo Ferrante, según la resolución.

El caso por el que se cuestiona a Alderete está relacionado con un convenio firmado el 1 de abril de 1997 con la "Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones", en el que se renovó el contrato para la atención psiquiátrica de todos los afiliados a la obra social.

Dentro de esa renovación se incluyó al único prestador en Chaco, "Complejos Asistenciales SA", propiedad de Rched Moselli, cuyo servicio había sido calificado como "malo" y "muy malo" por distintas auditorías desde 1995.

Los inspectores habían incluso recomendado a las autoridades del PAMI excluir a esa clínica y evacuar a los pacientes internados, algo que no sólo no se cumplió sino que se le renovó el contrato por más de 3 millones de pesos.

Alderete "como presidente del PAMI" tenía "el deber de excluir de la contratación" a la clínica chaqueña. "No sólo no lo hizo, sino que permitió la sucesiva prorrogación de los efectos del contrato, elevando aún más el precio de la prestación originariamente convenida", evaluó el juez en su resolución.

"Se advierte un claro desinterés en el cumplimiento de los deberes de cuidado que le competían por el lugar institucional que ocupaba", agregó la resolución. El ex interventor menemista "abusó de la confianza" que se le había depositado como titular la obra social.

La investigación se abrió en noviembre de 1997 por denuncia de las diputadas Elisa Carrió, Elisa Carca y Cristina Guevara, que cuestionaban el contrato firmado en abril de ese año.

Alderete sumó así otro procesamiento a decenas que lleva acumulados en los Tribunales Federales de Retiro. En uno solo de ellos la causa ya fue elevada a juicio oral.