El presidente Néstor Kirchner dispuso, a través de un decreto, una prórroga del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre próximo.
Por medio del decreto 1076/03 publicado el viernes en el Boletín Oficial -que lleva las firmas del presidente; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y del ministro de Interior, Aníbal Fernández- el Ejecutivo dispuso así la extensión del período de sesiones hasta fin de año.

La decisión del mandatario fue adoptada en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que lo habilita a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias o a prorrogar el período ordinario.

De esta manera, Kirchner busca posibilitar la aprobación de una serie de proyectos que están pendientes en ambas Cámaras legislativas, y que no podrían ser abordados en la única sesión que restaría del período ordinario, cuya finalización es el 30 de noviembre.

Entre los temas que el oficialismo pretende tratar antes de fin de año, se encuentran una modificación del régimen de monotributo, la incorporación de un plan de pagos para autónomos y monotributistas, y el aumento en los impuestos internos a cigarrillos.

Otras de las iniciativas que se encuentran en carpeta, en condiciones de ser tratadas en el recinto, son la que busca convertir a todos los ciudadanos en potenciales donantes de órganos y la que regula el comercio de la telefonía celular para ponerle fin a la venta ilegal a las líneas.

También, podría ser analizado en el recinto antes de fin de año un dictamen de la Comisión de Juicio Político sobre la conducta del ministro de la Corte Suprema de Justicia Adolfo Vázquez, quien esta semana concurrió personalmente a una reunión de ese cuerpo asesor para ejercer su descargo por las quince acusaciones provisorias formuladas en su contra.

Además, la Cámara baja tiene pendiente el tratamiento del proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que avala un convenio de cooperación nuclear con Australia, que su vez incluye la construcción de un reactor nuclear, y que es rechazado fuertemente por la organización ecologista Greenpeace.

Asimismo, los diputados tienen previsto debatir el proyecto que establece el régimen regulatorio para la comercialización y distribución del Gas Licuado (GLP).