(Buenos Aires) La Cámara Federal porteña le contestó el viernes al presidente de Uruguay, Jorge Batlle, quien reclamó una investigación sobre los "más de 80 uruguayos" desaparecidos en la dictadura argentina, al asegurar que en "la búsqueda de la verdad" se identificaron ocho ciudadanos de esa nacionalidad.
"Hasta la fecha este Tribunal ha logrado la identificación de ocho ciudadanos uruguayos muertos en Argentina durante el período 1976-1983", destacaron los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani mediante un comunicado, en el que aclararon que la búsqueda "nunca tuvo una orientación determinada por nacionalidad".

Batlle había reclamado que se investigue la desaparición de "más de 80 uruguayos" durante la dictadura militar argentina, al referirse sobre la denuncia del Gobierno argentino para que se investigue el asesinato en ese país de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena.

Los camaristas Irurzun y Cattani se sintieron indirectamente aludidos por esas declaraciones porque desde 1995 encabezaron "sistemática y pacientemente" junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense la llamada "búsqueda de la verdad".

Esa investigación -según recordaron- consistió en "la indagación sobre el destino final de las personas desaparecidas y, de ser posible, la identificación, recuperación de restos y la posterior entrega de ese cuerpo a los familiares".

Con ese fin "se consultaron registros de identificación de las personas, libros de hospitales, de Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, libros de ingresos de cadáveres a cementerios y morgues, y se cotejaron huellas digitales, estudios antropológicos en cadáveres y extracciones de ADN mitocondrial", recordaron.

Los camaristas aclararon que esa búsqueda "nunca tuvo una orientación determinada por nacionalidad" sino que "la única condición de las víctimas que motivó la investigación era la de haber sido privadas de su libertad durante el período de terrorismo de Estado en la República Argentina y no haber obtenido referencias acerca del destino final de sus cuerpos".

En el caso concreto de ciudadanos uruguayos, los jueces puntualizaron que la Comisión para la Paz de Uruguay "tomó conocimiento de las actividades que venía desarrollando esta Cámara de Apelaciones", lo que generó una presentación formal el 25 de junio de 2001 a través de la cual se solicitó información y se ofreció colaboración en la identificación de los cuerpos.

Con el aporte del "registro de huellas dactilares de las víctimas, obrantes en los servicios de identificación de la República Oriental del Uruguay" que fueron cotejados con los informes obrantes en la Argentina, se pudo arribar "a la identificación de ocho ciudadanos uruguayos, muertos en Argentina durante el período 1976-1983".

Los jueces recordaron que esas personas, que estaban enterradas en cementerios argentinos como "NN", son: Eduardo José María del Fabro de Bernardi, Luis Alberto Camacho Osorio, Francisco Eduardo Candia Correa, José Hugo Méndez Donadío, Eduardo Efraín Chizzola Cano, José Luis Urtazún Terra, Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia.

De todos estos casos, Irurzun y Cattani aclararon que sólo pudieron recuperarse "tres cuerpos", que fueron "repatriados" al Uruguay.