(Buenos Aires) Afirmó que cuando asumió ese cargo en 1991, se eliminaron de los entrenamientos para comandos militares metodologías de adiestramiento.
El militar retirado, designado embajador argentino en Colombia -cargo que asumirá en los próximos días- negó además que la aplicación de torturas formara parte de las normativas generales que se impartían de la jefatura de la fuerza, inclusive con anterioridad a su desempeño en esa función.

Martín Balza, ex jefe del ejército entre noviembre de 1991 y diciembre de 1999, declaró el viernes en la tarde como testigo en la causa en la que se investiga si durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem los tormentos formaban parte de un "método" de entrenamiento para grupos especiales de las fuerzas de seguridad.

El militar dijo que a partir de 1991 "la metodología cambió" y que los cursos para los comandos "fueron tanto o más exigentes, pero adaptados al derecho humanitario de guerra" y convenciones internacionales sobre la materia.

Balza, quien declaró ante Oyarbide durante dos horas, consideró que las prácticas que originaron la denuncia penal fueron "innecesarias e inconducentes‘, aunque defendió los cursos para los grupos de elite "con una mayor exigencia psicofísica".

En tal sentido dió como ejemplo los casos de los entrenamientos "especiales" para paracaidistas, buzos tácticos, y operaciones en selva y montaña.

"El jefe del Estado Mayor conoce e imparte anualmente las directivas, cuyas modalidades y datalles luego aplican los encargados de las unidades donde se realizan los cursos", explicó Balza.

El sumario se inició por denuncia del ministro de Defensa José Pampuro y el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, quienes denunciaron metodologías aberrantes para el entrenamiento de comandos militares.

Con el escrito inicial se adjuntaron 16 fotografías tomadas en una dependencia del ejército en Córdoba y un manual sobre el curso "Unidad Didáctica. Resistencia como prisionero de guerra, evasión y escape".

En la causa se ordenaron oficios al Ministerio de Defensa para que informe si "las Fuerzas Armadas han participado de las actividades denunciadas, períodos y lugares en que las mismas se realizaron, personal de comando y participantes".

Las fotografías corresponderían a un campo despoblado en Quebrada de la Cancha, en Córdoba, y habrían sido obtenidas en 1986.