(Buenos Aires) El Colegio de Magistrados bonaerenses apoyó el viernes el pedido de la Suprema Corte de Justicia al gobernador Felipe Solá para la creación de 29 juzgados y la puesta en marcha de otros 9 ya creados, con el fin de afrontar las nuevas competencias otorgadas por la reforma procesal penal sancionada a principios de este mes.

"El Colegio de Magistrados hace saber su total respaldo a la petición formulada por la Corte ya que la misma recoge, mínimamente, las necesidades del Poder Judicial para afrontar las modificaciones legislativas recientemente sancionadas", precisaron en un comunicado.

El organismo criticó además la postura adoptada por el gobernador, quien ayer negó que pueda otorgarse mayor presupuesto y aseguró que para este año "ya se aumentaron los fondos destinados al Poder Judicial".

"Pedir más plata tiene que estar vinculado primero a un relevamiento para ver cuántas horas trabaja el poder judicial, cuál es su rendimiento, qué grado de control hay sobre los que trabajan bien o trabajan mal y quiénes producen mucho en su tarea de estar afectados al servicio judicial", afirmó Solá.

Para los magistrados, las declaraciones del gobernador "dejan nuevamente al descubierto la improvisación y la falta de seriedad con que se modifican las leyes, impidiendo a los que tienen la obligación de cumplirlas, de contar con todas aquellas herramientas necesarias para hacerlo cabalmente".

La Legislatura bonaerense aprobó a principio de este mes modificaciones al Código Procesal Penal provincial que, entre otras reformas, extendió la competencia de los juzgados Correccionales a los delitos cuya pena no supere los seis años de prisión en lugar de los tres años tal como regía anteriormente.

Se dispuso también que los juzgados de Garantías deberán funcionar las 24 horas y que en los casos considerados urgentes, sus resoluciones no podrán demorar más de seis horas y estableció que la investigación penal preparatoria no podrá durar más de 15 días para ser elevada a juicio oral.

También se obligó a los fiscales a aplicar el critero de oportunidad, es decir direccionar prioritariamente la persecución penal contra delitos graves.