(Buenos Aires) Un Consejo Consultivo ad hoc avanza en la elaboración de proyectos para una profunda reforma en el sistema judicial bonaerense que, por muchos de los cambios que plantea, requerirá modificaciones constitucionales que se planea realizar a través del sistema de "enmiendas" en la Legislatura, que luego deberían ser convalidados en consulta popular.

La consulta se realizará en forma simultánea con los comicios de renovación parlamentaria previstos para este año.

Entre otras medidas se planea la realización de juicios "directísimos" y "abreviados" para casos de flagrancia; controles periódicos de la gestión de los jueces, a través de una suerte de "exámenes de productividad" y descentralización para fortalecer la justicia municipal.

Las reformas están siendo elaboradas por el Consejo Consultivo para el Estudio y Elaboración de Reformas del Sistema Judicial, instaurado mediante el decreto número 218 de este año, y son evaluadas también por el Consejo de la Magistratura.

El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, dijo que las reformas apuntan a "mejorar y facilitar el acceso a la Justicia, de manera de recuperar en la gente la confianza al Poder Judicial, ya que la sociedad demanda un compromiso más directo y transparente del sistema en su conjunto".

"El problema de la Justicia -añadió el ministro- en nuestra sociedad depende de muchos factores: persecución de las condenas y reinserción social de los condenados", ya que "no se trata de mano dura o mano blanda, sino de que la ley sea justamente interpretada, razonada y aplicada", sostuvo.

Uno de sus ejes es la descentralización del servicio de justicia recreando y fortaleciendo una justicia municipal y extendiendo las competencias de la justicia de faltas a cuestiones de menor cuantía y temas vecinales (necesita reforma Constitucional); la instalación de fiscalías y defensorías en las zonas con mayores índices de litigiosidad y el fomento de centros de mediación y asistencia gratuita.

Se sugiere también la modificación del régimen laboral y de licencias e implementa un sistema de pasantías con universidades.

Para buscar eficacia, se explicó, procura ajustar el sistema de designación y permanencia de jueces y fiscales, incorporando mecanismos de convalidación y evaluación de desempeño y conducta, algo así como exámenes de productividad a los que se deben someter magistrados y representantes del Ministerio Público para seguir en sus funciones. Esto, habida cuenta de que actualmente no pueden ser removidos sino mediante un jury de enjuiciamiento, requiere modificaciones de la Carta Magna.

También se avanza en intensificaciones del control de gestión; en la agilización del sistema de enjuiciamiento, facultando al Procurador a "investigar y acusar por mal desempeño de la función" y ampliando la competencia de iniciar un jury -hoy exclusivo de la Procuración- a los integrantes de la Suprema Corte.

Asimismo se plantea la "ponderación del rendimiento por resultado" de causas resueltas, calidad de resoluciones, cumplimento de plazos, entre otros, instaurando de esta manera un sistema de premios y castigos.

Para agilizar los procesos judiciales otorgándoles mayor celeridad, concentración y simplificación, se impulsó una reforma del Código Procesal Penal recientemente aprobada por ley.

Por los cambios introducidos los fiscales estarán autorizados a aplicar el principio de "oportunidad" que los habilita a priorizar el tratamiento de los delitos graves por sobre los de menor relevancia.

Se propone además instrumentar el juicio abreviado, que aunque estaba vigente, será dotado de mayor celeridad, estableciéndose que las partes podrán acordar ese trámite hasta 30 días antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral.

Y se implementaría el "juicio directísimo" sólo para los casos de flagrancia, trámite investigativo penal que en la etapa preparatoria no podrá durar más de 15 días y únicamente se aplicará en los casos de delitos dolosos cuya pena máxima no supere los quince años de prisión o reclusión y también cuando se trate de delitos dolosos de acción pública sancionados con penas no privativas de la libertad.

También se explicó que se otorgaría a las víctimas de delitos facultades para que puedan impugnar resoluciones judiciales que le resulten adversas, pues actualmente la figura de "particular damnificado" está impedida de rechazar cualquier medida si el fiscal no realiza una apelación.

En cuanto a la reforma estructural de la Justicia, la iniciativa del gobierno visualiza un Poder Judicial conformado por tres áreas en lugar de las dos que tiene hoy: la Suprema Corte, a cargo de la superintendencia y control de gestión de jueces, tribunales y cámaras; la Procuración General, a cargo de la superintendencia del Ministerio Público fiscal y curadores, y la Defensa General, a cargo de la superintendencia de la defensa pública y asesores de incapaces.