La disputa entre el gobierno argentino y las empresas de electricidad subió de tono el jueves cuando un ministro amenazó con penalidades a las distribuidoras de energía si, como han adelantado, se producen cortes del servicio.
En una entrevista con un canal de televisión local, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que el gobierno nacional será "muy duro" si las compañías reiteran sus virtuales amenazas de cortes.

"Suena mucho más a una amenaza cuando se plantea, que a una realidad manifiesta... Si eso está en el marco de la amenaza, el Estado va a ser muy duro con las concesionarias", dijo Fernández.

El ministro respondió así a las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, quien pidió al gobierno un diálogo para recomponer la situación de las empresas energéticas porque "si llega a existir un verano que requiera unas tensiones muy fuertes, puede generar en distintos puntos del país problemas de sostenimiento del sistema".

"No es como muchos dicen que hacemos lobby en función exclusivamente de tarifas... El llamado de las empresas está basado en una responsabilidad, además de empresaria, social", se defendió Mezzadri.

Las compañías de energía eléctrica argumentan que la demanda de energía aumentó un 18 por ciento entre agosto y septiembre y que a ese ritmo de crecimiento y sin inversiones el sistema eléctrico se ha vuelto muy vulnerable.

Para evitar posibles cortes reclaman aumentos de tarifas que permitan encarar nuevas inversiones.

Poco después de asumir la presidencia el 25 de mayo, Kirchner se propuso poner bajo la lupa la totalidad de los contratos de las empresas de servicios públicos debido a las sospechas de irregularidades durante el proceso privatizador en la década de 1990.

Para ello obtuvo la venia del Congreso, que dos semanas atrás dio plenos poderes al Ejecutivo para renegociar hasta 2004 esos contratos.

La disputa entre el gobierno y las compañías comenzó después de que Kirchner se negara a otorgar a las empresas privatizadas un aumento en las tarifas para compensar las pérdidas ocasionadas por la devaluación del peso en enero de 2002.

Las compañías sostienen que deben erogar sus deudas en dólares mientras reciben ingresos en devaluados pesos. En respuesta, Kirchner les ha remarcado que durante los noventa -- cuando el peso argentino estaba en paridad con el dólar -- obtuvieron beneficios que triplicaron los habitualmente logrados en otros países.