El organismo que regula la libre competencia en Venezuela impuso multas a cinco de las más grandes cementeras del país por un total de 2.500 millones de bolívares (1,6 millones de dólares), argumentando que actuaron en forma concertada para manipular los precios del cemento.
La Superintendencia para Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro-Competencia) informó el jueves que entre las empresas multadas está la líder del mercado, Cemex de Venezuela, una unidad de la tercera mayor cementera del mundo, la mexicana Cemex.

Esa compañía deberá pagar una sanción de 806,9 millones de bolívares (504.000 dólares).

El organismo regulador informó que Cementos Caribe será multada con 732,5 millones de bolívares (458.000 dólares) y Fábrica Nacional de Cementos -unidad de la cementera francesa Lafarge, líder mundial en materiales de construcción- con 471,95 millones de bolívares (295.000 dólares).

Las otras firmas sancionadas son la Corporación de Cemento Andino, con 290,1 millones de dólares (181.000 dólares), y Cementos Catatumbo, con 214,9 millones de bolívares (134.000 dólares).

"La sanción fue aplicada por haber incurrido en la práctica anticompetitiva (...) referente a acuerdos y prácticas concertadas relacionadas con la fijación directa o indirecta de precios", dijo Pro-Competencia en un comunicado.

El superintendente de Pro-Competencia, Jorge Szeplaki, explicó que en la investigación, iniciada en septiembre del año pasado, se encontraron elementos que cumplen con los requisitos de tipicidad de esa práctica monopólica, según el comunicado "El monto de la sanción es el equivalente al 0,5 por ciento de las ventas brutas de cemento Portland Gris Tipo I, realizadas por cada una de ellas, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2002", agregó.

Niegan acusaciones

Una de las empresas multadas, la Fábrica Nacional de Cementos, negó haber incurrido en prácticas restrictivas a la competencia dentro del mercado de cementos.

"Rechazamos esta decisión y además lamentamos que resoluciones de esta naturaleza se hayan realizado sin contar con pruebas reales y fehacientes que respalden la investigación", dijo a una agencia de noticias un vocero de la compañía, la tercera más grande dentro del mercado venezolano.

También rechazó que la decisión se haya fundamentado en un análisis teórico de correlación de precios de los diferentes competidores, basado en factores matemáticos y proyecciones.

"Ellos tienen que demostrar que existen ese tipo de prácticas concertadas y no lo hicieron. Necesitan las pruebas más allá de los análisis teóricos", agregó al informar que la empresa tomará las medidas correspondientes dentro de los 45 días que dan las leyes venezolanas para apelar la decisión.

Representantes de las otras empresas no estuvieron disponibles de inmediato para fijar su posición.