Las empresas de servicios públicos no podrán iniciar demandas contra la Argentina en tribunales internacionales, de acuerdo con el proyecto de marco regulatorio para las privatizadas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días.
De este modo, el Gobierno intentará poner freno a las acciones judiciales que estas compañías inciaron en el exterior y que ya superan los 15 mil millones de dólares, según trascendió el viernes.El nuevo régimen habilita la posibilidad de otorgar subsidios tarifarios y dispone un tope a los intereses por mora que cobran las empresas.Como consecuencia del nuevo marco, las privatizadas deberán aceptar cuadros tarifarios "lo más bajos posible", pero estarán autorizadas a "obtener una rentabilidad razonable".El proyecto también estipula que "se asegurará a los hogares indigentes el acceso a los servicios que se consideren esenciales".Los pliegos de licitación tendrán que incluir "el sometimiento a la legislación y jurisdicción nacional para la dilucidación de conflictos a que diere lugar la aplicación o interpretación de la concesión", según se señaló.Asimismo, la propuesta oficial dispone que el Poder Ejecutivo "podrá, en caso de considerarlo necesario, aplicar los cargos y subsidios redistributivos que se decidan convenientes, a fin de asegurar la equidad social, el crecimiento sectorial y regional, la protección de la competencia y el desarrollo de las pymes".Por su parte, las concesiones y licencias "no podrán prorrogarse. Si por razonez excepcionales no existiese adjudicación al culminar el otorgamiento, el Estado asumirá la prestación directa del servicio".