(Buenos Aires) El ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que la posibilidad de accionar contra algún bien "es nula".
En coincidencia con la ausencia de inquietud en el Gobierno, los ahorristas residentes en la Argentina se mostraron pesimistas sobre las consecuencias que traerán los embargos porque consideran que "no hay muchas cosas para embargarle" al país.

En cambio, los denominados "fondos buitres" aguardan con expectativa los movimientos del magistrado, aunque por lo bajo apuestan a que el gobierno argentino modifique su actitud y se apreste a negociar con los acreedores mejorando la oferta de quita de capital del 75 por ciento.

En este marco, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que la posibilidad de accionar contra algún bien "es nula" y que en realidad la preocupación del Gobierno es que "nos queremos reinsertar en el mundo de la mejor forma posible" y que se comprenda la situación de la Argentina.

Fernández estimó, en diálogo con una radio de Capital Federal, que es "imposible" que se embarguen bienes de privados en el exterior, ya que ello "colisiona con el tema del derecho privado internacional", donde se expresa que este tipo de medidas "violan lo que es el derecho a la propiedad".

"No tengo dudas que el limitante que pueden tener (los acreedores) en bienes embargables es absoluto, y la posibilidad de accionar es nula. Algunos (bienes) son inembargables", sostuvo el ministro.

Por otra parte, al referirse a la inamovilidad de la quita de 75 por ciento de la deuda privada, Fernández reiteró que "el Gobierno no puede tener variantes: Argentina sale de una crisis muy profunda y asumió responsablemente su recuperación trabajando con lo que tuvo en la mano".

En ese sentido, recordó que tanto a los organismos internacionales como a los acreedores privados se les explicó que el pago del 25 por ciento del valor nominal de los títulos "es lo único que (el Estado argentino) puede pagar".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA), Carlos Báez Silva, lamentó que tras la decisión del juez Griesa de prorrogar durante 30 días las ejecuciones "el Gobierno no aprovechó la oportunidad para dialogar".

Báez Silva desestimó que las ejecuciones beneficien a los bonistas, porque sostuvo que "no hay muchas cosas para embargar porque no hay demasiados activos en el exterior".

En tanto, Guillermo Gleizer, abogado de tenedores de bonos argentinos en Nueva York, sostuvo que el presidente Néstor Kirchner "se da cuenta que la chicanería no le queda nada bien", y estimó que "poco a poco" tomará conciencia que con la negociación actual "beneficia al usurero del mundo: el Fondo Monetario Internacional"

"Nadie le pide a la Argentina que pague más del 3 por ciento del Producto Bruto, eso está bien", afirmó Gleizer, quien propuso "que la quita (de la deuda) se la hagan al matón, al usurero, al Fondo Monetario Internacional".