(Buenos Aires) Un centenar de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y unos 50 agentes de la Policía Federal llevaron adelante el viernes en la mañana 24 allanamientos en empresas acusadas de evasión tributaria, en el marco de la causa que investiga el juez nacional en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
La AFIP precisó que los allanamientos cobraron forma luego que la Cámara en lo Penal Económico ratificara el jueves el procesamiento y prisión preventiva de los responsables de una ‘asociación ilícita‘ integrada por abogados y una escribana dedicada a la confección de facturas ‘truchas‘ con el objetivo de evadir impuestos.

La medida recayó sobre el abogado Antonio Aleart -bajo el cargo de jefe de la ‘asociación ilícita‘, el gestor Enrique Real de Azua y de Roberto Felix Ontivero, considerados como los organizadores y sobre la escribana María Noel Devoto y la contadora Susana Cristina Cirigliano.

Uno de los allanamientos se realizó en las oficinas de la empresa Decavial S.A., ubicado en Alsina 1450 de Capital Federal, y estuvo a cargo del subcomisario Walter Suárez, de la División Jurídico Contable de la Policía Federal.

Los demás allanamientos tuvieron luegar en el interior del país -Comodoro Rivadavia, Santa Rosa (La Pampa), Zapala (Neuquén), Ushuaia, San Juan y la ciudad bonaerense de Olvarría- y contaron con el apoyo de la Superintendencia de Interior de la Policía Federal.

En los procedimientos se secuestraron documentación relacionadas a la causa, de manera de determinar la emisión de facturas apócrifas a través de empresas fantasmas con el objetivo de lograr desgravaciones impositivas.

Según las fuentes de la AFIP, este es el primer caso en el que entra en vigencia la figura de ‘asociación ilícita‘ para los delitos tributarios, aprobada en la última reforma de la ley.

Si bien la AFIP no confirmó el monto de la evasión en juego, fuentes de la investigación señalaron que superaría el millón de pesos.

La reforma de la ley Penal Tributaria aprobada por el Congreso a fines del año pasado, califica a este delito como ‘no excarcelable‘, cuando la evasión llegue por impuesto y por año a esa cifra.

El procedimiento detectado por la AFIP consiste en la inscripción legal de empresas de servicios -estudios, consultorías entre otras posibilidades-, que en realidad son empresas vacias, sin actividad real.

Según el `modus oprandis` descubierto, estas firmas fanstasmas emitían a sus clientes facturas reales (con número de cuit incluido) por supuestos trabajos realizados, se quedaban con el 20 o el 30 por ciento del monto factrurado y las empresas embolsaban la parte restante a fines de factura impuestos.

Con esa factura la empresa cliente desgrava los montos de sus obligacions tributarias, y como se trata de servicios intangibles, las inspecciones formales de la AFIP no podían constatar si ese servicio se prestó o no, pero al observar reiterados casos, los trabajos de inteligencia detectan el delito.