(Nueva York, Estados Unidos) El juez federal de Nueva York Thomas Griesa revocó el viernes la inhibición preventiva que pesaba sobre dos depósitos de la firma Correo Argentino SA en bancos de esa ciudad estadounidense, aunque los fondos seguirán congelados por orden del juzgado argentino que entiende en el proceso de quiebra de la firma.
Griesa resolvió además rechazar todas las demandas de embargo y derecho de ejecución sobre esos depósitos.

En un fallo fechado el viernes, el magistrado dispuso que "las órdenes de aviso de reestricción e inhibición temporal son revocadas", así como las "demandas por derecho de ejecución o embargo preventivo sobre las cuentas" que la ex concesionaria postal tiene en las sedes neoyorquinas de los bancos BNP Paribas y Lehman Brothers.

No obstante, esos depósitos seguirán congelados por orden del juez argentino Eduardo Favier Dubois, que entiende en el proceso de quiebra de Correo Argentino, que está pendiente de apelación.

La inhibición preventiva había sido dispuesto por Griesa el 13 de febrero pasado, un día después de que el fondo de inversión estadounidense Macrotecnic le solicitara el embargo de las dos cuentas, en las que aquella firma tiene depositados en conjunto 11,5 millones de dólares.

Macrotecnic, representado por el abogado argentino Guillermo Gleizer, adujo tener bonos argentinos en default por 550.000 dólares nominales.

El abogado fundó su reclamo en dos supuestos: uno, que al haber sido revocada la concesión que tenía Correo Argentino SA, sus bienes residuales pertenecerían al Estado argentino, actualmente a cargo del servicio postal.

El otro, que, en el caso de que los fondos pertenecieran efectivamente a la ex concesionaria, serían pasibles de embargo en virtud de una deuda mucho mayor que le reclama el Estado.

Griesa dispuso la inhibición preventiva de los fondos hasta tanto tuviera elementos para resolver definitivamente la cuestión.

Cuatro días después de haber decidido la inhibición preventiva, el juez recibió pedidos similares de embargo sobre las mismas cuentas de parte de cuatro firmas (Latinburg, Denchu Investment Corporation, Panamel y Million Air Corp.) y de cinco particulares (Guillermo Franco, Rafael Franco, Luisa Franco, Hernán López Fontana y Mariana Mori de López).

En sus descargos, tanto la representante legal del grupo Macri (accionista mayoritario de Correo Argentino SA), Silvia Bolatti, como los abogados de la firma estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende al Estado argentino, argumentaron que los depósitos pertenecen a una empresa privada que atraviesa un proceso de quiebra y que no tiene un solo acreedor, de modo que no debía considerarse que ese dinero iría a parar automáticamente al erario.

La posición fue respaldada por una declaración que el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, remitió a Griesa y que éste incluyó como anexo de su resolución del viernes.

En ella, Madcur reseñó la relación entre el Estado nacional y la empresa privada Correo Argentino, y afirmó que aquél "no tiene poder para decidir la disposición de los fondos en esas cuentas".

"Bajo la legislación argentina, el único cuerpo con autoridad sobre las cuentas es el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 9, que debe administrar esos fondos de acuerdo con la Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina", explicó el funcionario argentino.

Madcur agregó que de acuerdo con esa ley, "el Estado no tiene derechos sobre la propiedad de Correo Argentino" sino que "es simplemente uno de los centenares de acreedores" de la empresa.

El secretario también informó al juez estadounidense que el fallo que dispuso la quiebra de Correo Argentino está "en suspenso, pendiente de apelación" y que, "como medida precautoria, el 22 de diciembre de 2003 el tribunal argentino ordenó que esas cuentas fueran congeladas".