La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, dijo el viernes que levantará la moratoria a las ejecuciones de personas condenadas por crímenes graves, en medio de la indignación pública que ha generado por una serie de secuestros por los cuales se exigió rescate.
Arroyo, quien se oponía a la pena de muerte, impuso una moratoria a las ejecuciones poco después de hacerse cargo de la presidencia en enero del 2001. Su decisión fue muy elogiada por la influyente Iglesia Católica y por organizaciones de derechos humanos.

Posteriormente, a fines del 2001, Arroyo cedió ante presiones de la opinión pública y dijo que los secuestradores condenados podían ser ejecutados. Sin embargo, hasta ahora esas condenas no se concretaron.

En su comunicado del viernes, la presidenta filipina amplió el levantamiento de la moratoria para incluir otros crímenes por los cuales puede imponerse la pena de muerte, tales como violación y asesinato, y dijo que la medida se hará efectiva a partir del 2004.

Uno de los voceros presidenciales, Ricardo Saludo, dijo que 35 condenados, de más de 1.000 en los pabellones de la muerte, comenzarán a ser ejecutados a partir del 30 de enero. Los dos primeros presos que serán ejecutados con inyección letal fueron condenados por secuestros, dijo.

Una ola de secuestros para cobrar rescates, que tienen como objetivo principal familias chino-filipinas, ha hecho que miembros de la rica comunidad hayan presionado para que se apliquen penas más fuertes contra los delincuentes.

"No bloquearé más las ejecuciones programadas por los tribunales a partir de enero del 2004", dijo Arroyo el viernes.

Otro vocero de Arroyo, Ignacio Bunye, declaró que la presidenta creyó inicialmente que existían mejores alternativas a la pena de muerte para frenar la ola de crímenes, entre ellas, fortalecer la acción de la fiscalía y de los tribunales, y mejorar el sistema penitenciario, y las relaciones entre el gobierno y la comunidad. Pero los recientes secuestros y otros crímenes hicieron que Arroyo decidiera levantar la moratoria sobre las ejecuciones.

La representante Loretta Ann Rosales, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, declaró que cree que la decisión está vinculada con las elecciones presidenciales de mayo del 2004.

"Refleja su vacilación o su incapacidad para analizar esto como un asunto político", dijo Rosales. Y luego preguntó "¿Es que (Arroyo) intenta complacer a un sector en particular?".