(Washington, Estados Unidos) La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el martes por un amplio margen una polémica propuesta que habría obligado a los hospitales a informar a las autoridades cada vez que un inmigrante indocumentado solicitara asistencia médica de urgencia.

La votación fue de 88 legisladores a favor y 331 en contra.

Según el proyecto presentado por algunos legisladores del Partido Republicano, los hospitales debían pedir documentación a sus pacientes de urgencia para comprobar su ciudadanía o residencia legal. Las instituciones que se negaran a hacerlo hubieran podido perder su acceso a financiamiento federal.

"Este proyecto de ley forzaría a las salas de emergencia de los hospitales a llevar la carga indebida y complicada de tener que aplicar las leyes de inmigración", dijo la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien consideraba que la iniciativa convertiría "a los doctores y enfermeras en oficiales de inmigración".

Los legisladores que promovieron la medida argumentaron que el costo para tratar a millones de inmigrantes indocumentados resultaba demasiado elevado, y que los indocumentados constituían además una amenaza a la seguridad nacional.

"No podemos convertirnos en el seguro de salud del mundo y descuidar a nuestros propios ciudadanos", dijo durante el debate en el Congreso el representante de California, el republicano Dana Rohrabacher, patrocinador de la iniciativa.

Entre 8 y 10 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos, mayormente provenientes de América latina, especialmente México.

Pero la mayor parte de los 39 millones de hispanos que residen en Estados Unidos rechazan iniciativas para restringir los beneficios a los indocumentados, y el propio presidente George W. Bush y su contrincante demócrata, John Kerry, buscan los votos de esta minoría, cruciales en una elección reñida.

El proyecto fue duramente criticado por congresistas del Partido Demócrata, quienes argumentaron que resultaría en una mayor carga administrativa para los hospitales y un riesgo a la salud pública, ya que impulsaría a muchos inmigrantes a negarse a pedir ayuda médica, aún padeciendo graves enfermedades.